La causa por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo tras la decisión del juez federal Ernesto Kreplak de ampliar los procesamientos contra Ariel García Furfaro y otros 12 imputados, a quienes considera responsables de otras 70 muertes y 44 lesiones. Estos casos se agregan a las 20 muertes analizadas inicialmente, elevando a al menos 90 las víctimas fatales vinculadas al medicamento adulterado.
El expediente ahora apunta a determinar qué responsabilidad tuvieron los organismos encargados de controlar la producción y circulación de medicamentos en Argentina. En ese contexto, la investigación alcanzó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y también al Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones.
Según surge de la causa, la ANMAT recibió el 2 de mayo de 2025 una alerta enviada por el Hospital Italiano de La Plata sobre la presencia de bacterias en ampollas de fentanilo HLB. Sin embargo, la denuncia formal fue presentada recién el 12 de mayo y la prohibición de uso del lote contaminado se dispuso tres días después. “ANMAT tomó conocimiento de lo sucedido el día 2 de mayo”, señaló Kreplak en su resolución.
La Justicia intenta establecer si existieron demoras o fallas en la actuación de los organismos de control. El magistrado considera acreditado que el lote 31202 fue elaborado en condiciones deficientes dentro de Laboratorios Ramallo. “La adulteración del lote 31202 tuvo lugar por el incremento del riesgo de contaminación derivado de la inobservancia sistemática y generalizada de las BPF”, sostuvo el juez.
Las pericias determinaron que las ampollas contenían bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia, detectadas en pacientes internados en terapias intensivas y quirófanos. Para Kreplak, la distribución del producto contaminado introdujo “una peligrosidad concreta en el sistema sanitario argentino”, incrementando el riesgo de muerte en quienes recibieron el medicamento.
La investigación también permitió reconstruir la circulación del lote afectado, que llegó a 52 establecimientos sanitarios de cinco jurisdicciones del país. A partir del análisis de más de 10.500 pacientes que recibieron fentanilo durante el período bajo sospecha, los investigadores identificaron 90 fallecimientos y 44 personas lesionadas, aunque consideran que el número real podría ser mayor.
Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revisa los procesamientos, la causa ingresa en una etapa clave. El objetivo ahora es determinar si las fallas detectadas fueron exclusivamente responsabilidad de los laboratorios involucrados o si también existieron omisiones dentro de los organismos de control y del Ministerio de Salud. “La cifra real de casos se estima en mucho mayor a la que fue posible consolidar judicialmente”, advirtió el juez.
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