La reciente liberación de precios en el sector de la medicina prepaga en Argentina, acompañada de aumentos del 100% en las facturas, ha generado un impacto significativo en la ya debilitada economía de la clase media. Esta medida, impulsada por el gobierno nacional con el objetivo de fomentar la libre oferta y demanda, ha llevado a los ciudadanos a enfrentarse a dificultades financieras cada vez mayores.
Las reacciones ante esta situación son diversas. Mientras las empresas argumentan que los precios de las prepagas estaban "atrasados", el Ministro de Economía, Luis Caputo, ha acusado directamente al sector de "declararle la guerra a la clase media". Lo cierto es que ante la imposibilidad de hacer frente a las abultadas facturas mensuales, muchos se ven obligados a buscar soluciones legales, acudiendo a la Justicia.
En la provincia de Córdoba, esta tendencia se hace evidente con un notable aumento en las presentaciones judiciales en busca de amparos y declaraciones de inconstitucionalidad del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Los datos revelan que actualmente hay 49 causas en trámite en la Justicia Federal contra las prepagas, siendo la mayoría de ellas concentradas en los juzgados de la ciudad de Córdoba.
En tanto, fuera de la capital provincial, en el Juzgado Federal de Río Cuarto se han iniciado 6 causas, con diferentes resultados, y en otras ciudades como Bell Ville, Villa María y San Francisco también se han presentado acciones legales contra los aumentos desproporcionados en las tarifas de medicina prepaga.
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