Aunque no fue juzgado mediante un proceso judicial, el Vaticano resolvió expulsar al cura Julio César Aguirre, que se desempeñaba en Jesús María. Aguirre había sido denunciado en 2019 por una mujer, quien explicó que el cura había abusado sexualmente de ella cuando era una niña, veinte años antes.
El párroco había desempeñado su labor eclesiástica por 29 años en Jesús María. Tras la denuncia las autoridades católicas no lo entregaron a la justicia ni lo apartaron de su cargo, y decidieron trasladarlo a la ciudad de Córdoba, precisamente a una parroquia ubicada en barrio Alberdi.
En su momento, Aguirre no dio a conocer las causas reales que lo apartaban de la ciudad serrana y explicó que se trataba de “un cambio de la sociedad, así como también hay cambio de autoridades en la política”. En una entrevista con Radio Jesús María había explicado que se había resuelto “una renovación y también una necesidad de poder recomponer”. “Me voy a tomar un tiempo de reflexión para seguir adelante”, había dicho.
En sus excusas sobre el traslado, Aguirre aseguró que era una decisión que ya venía preparando el arzobispo Carlos Ñáñez y también dejó una polémica frase: “Quiero pedir perdón por aquellas cosas que, pudiéndolas haber hecho, no las hice. Y pido perdón a aquellos que pude haber ofendido o herido”.
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En 2020 la investigación siguió su curso y ese mismo año derivó en una sanción a Aguirre. A pesar de que el acusado apeló en la causa, en los últimos días se conoció que El Vaticano rechazó la apelación. Por lo tanto se ordenó la dimisión definitiva del estado clerical, lo que supone la pérdida de todos los derechos y las obligaciones inherentes al orden sacerdotal, sumado a que fue inhabilitado para ejercer el ministerio sacerdotal.
El comunicado oficial del arzobispado fue difundido el pasado lunes:
A los católicos de la Arquidiócesis:
Mediante una carta recibida el día 01 de junio de 2021, dirigida al Arzobispo, Mons. Carlos José Ñáñez, con fecha del 12 de mayo de 2021, Prot. 837/2019-82851, el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Moderador del Colegio para el Examen de los Recursos, ha comunicado que la apelación al decreto penal del 24 de noviembre de 2020, presentada por Julio César Aguirre, después de un atento estudio de la misma, ha sido rechazada, considerándola inadmisible. En consecuencia, confirmando la decisión expresada en dicho decreto, y habiéndose agotado todas las instancias, se declara que la dimisión del estado clerical de Julio César Aguirre es DEFINITIVA, para todos los efectos de la ley.
La dimisión del estado clerical supone la pérdida de todos los derechos y las obligaciones inherentes al orden sacerdotal. También queda inhabilitado para ejercer el ministerio sacerdotal.
Después de haber notificado al dimitido, conforme a derecho, se ha procedido a archivar la causa.
Córdoba, 5 de julio de 2021.
