El Gobierno nacional presentó este martes el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone una transformación de fondo en el sistema argentino, desde el nivel inicial hasta la universidad. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciarla tras difundir las conclusiones del Consejo de Mayo. Si es aprobada, la norma reemplazará por completo la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y reordenará el funcionamiento del sistema bajo dos principios centrales: mayor autonomía para las instituciones y un rol ampliado para las familias.
La reforma, de 169 artículos, plantea un rediseño estructural que modifica la gobernanza educativa, fortalece la capacidad de decisión de las escuelas y reorganiza contenidos, financiamiento y evaluaciones. El Gobierno sostiene que la pérdida de aprendizajes registrada en los últimos años se vincula a “la falta de autonomía, libertad y rendición de cuentas”, por lo que el proyecto propone ampliar el margen de acción de directivos y docentes, junto con mecanismos de transparencia y seguimiento de resultados.
Entre los cambios más relevantes, se incorpora un esquema que habilita a cada escuela, pública o privada, a definir sus propios planes de estudio, métodos de enseñanza y organización interna, siempre dentro de contenidos mínimos nacionales. También se redefine la carga horaria anual, se reinstala el carácter de “servicio esencial” para garantizar días de clase aun en contextos de conflicto y se crea un Registro Nacional de Planes de Estudio. En paralelo, la iniciativa otorga a las familias nuevas herramientas: consejos de padres en escuelas públicas, sistemas de información sobre desempeño institucional y la formalización de la educación en el hogar y modalidades virtuales.
El proyecto también introduce cambios claves en materia de evaluación. Además de mantener las pruebas nacionales Aprender, incorpora el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario y centrado en áreas fundamentales como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Se crearán mecanismos para conocer resultados por estudiante y se establece una evaluación docente cada cuatro años, vinculada al desempeño profesional y a los avances de aprendizaje.
Finalmente, la reforma propone un nuevo esquema de financiamiento. Se elimina la meta del 6 % del PBI destinado a educación y se establece que las provincias serán las principales responsables del sostenimiento de la educación básica. En cuanto a las universidades, el reparto del presupuesto se regirá por criterios de matrícula y rendimiento académico, desempeño institucional y programas especiales con metas verificables. También se prevén auditorías internas y externas para asegurar transparencia. Con estos lineamientos, el Gobierno busca una reconfiguración profunda del sistema educativo argentino, apoyada en autonomía institucional, participación familiar y modelos internacionales basados en resultados.
