El Gobierno nacional cerró definitivamente el Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) mediante la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que dispuso su extinción como organismo. Sus funciones serán reabsorbidas por áreas del Ministerio de Justicia.
La confirmación de la eliminación del INADI fue adelantada en la noche del lunes por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su cuenta de la red social "X" publicó: "Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre. Fin".
Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre.
— Manuel Adorni (@madorni) August 6, 2024
Fin.
La medida era una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei. Su concreción llega nueve meses después de haber asumido el Gobierno en diciembre del año pasado.
El Gobierno cerró el INADI
En febrero, Adorni adelantó que la intención de la administración nacional era "achicar el Estado" comenzando con el cierre de institutos nacionales y entre ellos, el INADI. "Tienen decenas de oficinas y muchas veces estos institutos tiene la particularidad de estar conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad".
"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde haya favores políticos. No podemos hacer que la gente siga sosteniendo con sus impuestos a la política", agregó el vocero.
Ahora, la Oficina del Presidente oficializó la eliminación del INADI. "Las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea. El personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad", informó el Gobierno en el texto.
Luego, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló que será su cartera será la que se quedará a cargo de las funciones del INADI. Una vez comunicada la decisión, distintas medidas fueron anunciadas- entre las que se encuentran el despido y/o la no renovación de los contratos - para reorganizar las tareas del instituto.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) August 6, 2024
Posteriormente y a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que se hará cargo de las funciones que cumplía el INADI, ya que "cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea". Además, desde la cartera dirigida por Cúneo Libarona aseguraron que "el personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad".
¿Por qué el gobierno cierra el INADI?
A través del Decreto 696/2024, publicado el día lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el cierre del INADI. En el texto, el ejecutivo explicó los motivos por los que consideró necesario el cierre del instituto.
En primera instancia el documento indicó que "la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación".
En ese sentido, resaltaron que la "Constitución Nacional" se encarga de promover "medidas de acción positiva con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, como así también el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente".
Respecto al funcionamiento del INADI, detallaron que "la experiencia recogida" en las sucesivas intervenciones del instituto, efectuadas por distintas administraciones de diversos signos políticos, demostraron que "el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia".
Por otro lado, aseguraron que las nuevas autoridades del organismo produjeron un informe de relevamiento de diferentes áreas en las cuales observaron "graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia".
En el decreto publicado se justifica que "que el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023".
En ese sentido, argumentaron que "la gestión de los contratos de locación de inmuebles, así como el pago de los distintos servicios y gastos operativos, ha sido tardía e ineficiente y su incumplimiento importa para el Estado nacional la asunción del pago de intereses periódicos en perjuicio del Tesoro Nacional".
Finalmente, el gobierno aseguró que "el análisis de la última gestión reveló la existencia de, aproximadamente, siete mil setecientas ochenta y ocho (7788) actuaciones administrativas, generadas desde el año 2016, sin resolver". También determinaron que "las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas no cuentan con el correspondiente expediente administrativo ni documentación de respaldo."
