Un informe especial de La Nueva Mañana, informa que el Gobierno nacional buscaría no indemnizar a las víctimas de las explosiones de la Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero en 1995. Desde 2015, la Justicia espera que se reglamente la ley 27.179 de reparación para los damnificados.
El Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, intimó judicialmente al Gobierno para que dé una bajada normativa a la ley en cuestión. Por su parte, el Estado habría presentado un decreto reglamentario en el que “niega el pago a todos los damnificados creando un nuevo concepto legal acerca del significado judicial de ‘causa vigente'”, dice el diario.
Por “causa vigente”, según esta norma, se entiende a “todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieren instado el curso de la instancia dentro de los 6 meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015”, fecha de la sanción de la ley de reparación.
El 22 de agosto de 2007, se llevó a cabo una audiencia de conciliación donde el Estado se comprometía a elaborar una ley indemnizatoria a cambio de la suspensión de los juicios iniciados en su contra. El proyecto ingresó en el Congreso en 2009 y recién en 2015 se lo estableció como ley.
El abogado de las víctimas dice que es un “decreto inconstitucional”
El Dr. Ponce, abogado de los damnificados, declara que el texto del Gobierno contiene una ilegalidad manifiesta: va en contra de la Constitución Nacional porque altera el espíritu de la ley, del Código Procesal Civil y de la propia actuación del tribunal en la causa después de que éste emitió los certificados previstos en la ley para habilitar el cobro de las indemnizaciones y, además, exhorta al juez a que haga cumplir la sentencia que obliga al Gobierno a reglamentar y cumplir con el texto de la ley.
