Un juez penal de La Plata dictó este lunes la prisión preventiva a 11 de los 13 detenidos por la muerte de cuatro jóvenes y las graves heridas sufridas por una quinta víctima, luego de una persecución policial a los tiros no provocada ocurrida el 20 de mayo en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. La resolución consideró al hecho como una “masacre de niños indefensos”.
La medida fue adoptada por el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, quien además le dictó la falta de méritos y otorgó la libertad a dos policías que estaban acusados por el encubrimiento del hecho, en el que murieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13).
De esta manera, Silva Pelossi hizo lugar parcialmente al pedido formulado por el fiscal Lisandro Damonte y ordenó que permanezcan detenidos 10 policías y el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez.
En su resolución, el magistrado acusó a los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez por el “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa”.
En la causa, se dio por acreditado que esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta nacional 3. Silva Pelossi ordenó además la preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En tanto, por encubrimiento agravado le dictó la preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y la ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.
En su fallo, el magistrado no hizo lugar al pedido de preventiva y ordenó la libertad de los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, a quienes le dictó la falta de mérito por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica.
Lo ocurrido derivó en un descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, apoyados por distintas organizaciones sociales y políticas, que denunciaron que se trató de un caso de “gatillo fácil”.
