La Cámara Federal porteña revocó este martes el procesamiento de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga la importación con supuesto sobreprecio de buques con gas licuado, por falta de mérito. El juez Claudio Bonadio había procesado a Cristina en este expediente como jefa de una asociación ilícita, pero ella hoy quedó por fuera de ese esquema y recibió la falta de mérito. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes dejaron a Roberto Baratta y a Julio De Vido procesados por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, consideraron que Cristina Kirchner no formó parte de las maniobras fraudulentas.
En tanto, esa misma cámara revocó el procesamiento CFK en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista. En el primero de los fallos, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Sala I, se confirmaron los procesamientos del exministro de Planificación, Julio De Vido, y del extitular del Órgano de Control de Concesiones VIales (OCCOVI), Claudio Uberti.
Esta causa es un desprendimiento de la causa de los cuadernos, en la que se investigó el pago de coimas de parte de empresas a exfuncionarios para la renegociación de contratos de los corredores viales. El juez Claudio Bonadio había procesado a la expresidenta en junio por el delito de cohecho pasivo, pero los delitos investigados ocurrieron entre 2003 y 2007, un período en el que CFK no era presidenta. “Los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados de 2007. Es decir, una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el OCCOVI pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria”, detallaron los jueces.
En tercer lugar, la Sala I de la Cámara federal porteña avaló la decisión del juez Claudio Bonadio y confirmó parcialmente el procesamiento de la expresidenta en la causa en la que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública durante la gestión kirchnerista. En la resolución, los jueces dieron por corroborada la intervención de los funcionarios imputados, respecto “a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho”, para una distribución de la obra pública. Sobre la maniobra investigada, los camaristas señalaron que el “mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados”.
