La Cámara Federal de Córdoba decidió trasladar a Buenos Aires la competencia en la causa donde están imputados el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, la ex ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y su segundo, Sergio Berni, acusados de no prestar asistencia con las fuerzas federales a la provincia durante el autoacuartelamiento policial de diciembre de 2013.
En un fallo unipersonal, el juez Eduardo Ávalos resolvió declarar la competencia territorial del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires en la causa caratulada “Capitanich, Jorge Milton; Rodríguez, María Cecilia; Berni, Sergio Alejandro por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
La imputación que les atribuyó la fiscal cordobesa Graciela López de Filoñuk, el 15 de mayo fue por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El juzgado federal 3 de Córdoba se declaró incompetente en junio para tratar el caso y argumentó en ese entonces que “el ilícito en cuestión debería ser investigado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que allí es donde las personas denunciadas prestaban sus funciones, en representación del Estado Nacional, y donde se habría consumado el posible delito”.
Los ex funcionarios ejercían sus cargos mientras se desarrolló el acuartelamiento de los efectivos policiales, el 3 y 4 de diciembre de 2013, que derivó en distintos hechos de violencia, saqueos y disturbios en la provincia. La acusación está basada en que no respondieron a la solicitud de ayuda que había hecho la provincia durante la protesta de los efectivos policiales, que reclamaban un aumento salarial, entre otras cuestiones.
El propio De la Sota había hecho públicos por twitter sus pedidos de ayuda al gobierno central y ante la falta de respuestas difundió los teléfonos a los que hizo llamados.
@CFKArgentina reiteramos pedido urgente envío Gendarmería a Córdoba. Saqueos en la ciudad justifican urgente respuesta.
— José M. de la Sota (@DelaSotaOk) 4 de diciembre de 2013
El año pasado, la Cámara 12ª del Crimen determinó en el fallo condenas de entre un año y seis meses contra 52 efectivos, la mayoría de ellas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y otras por “desobediencia”, aunque ninguna de las condenas determinó la prisión efectiva.
