En la misma semana en que se suspendió el juicio contra los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone por múltiples cargos, el gremio de recolectores de residuos de Córdoba (Surrbac) enfrenta nuevas denuncias por presuntas extorsiones y amenazas. Las acusaciones han llevado el caso a la Fiscalía del Distrito 1 de Córdoba, tras ser declarado fuera de la competencia federal.
La reciente causa se originó con la denuncia del abogado Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad, el pasado 23 de octubre. Soto presentó un documento en el que se señalaban actos de amenazas y presiones hacia empleados de diversas empresas de recolección y servicios urbanos.
Entre las empresas afectadas estarían Urba Cor, Lamsa y COyS, todas ellas prestadoras de servicios para el municipio y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “Las denuncias recibidas revelan un accionar intimidatorio que debe ser investigado a fondo”, destacó el fiscal Enrique Senestrari.
Lee también: Causa SURRBAC: el Fiscal Federal se opone a la propuesta de reparación económica para evitar el juicio
Uno de los episodios denunciados expone que miembros del Surrbac habrían amenazado a los empleados para obligarlos a participar en una convocatoria el pasado 25 de mayo, coincidiendo con la visita oficial del presidente Javier Milei a Córdoba. Se reportaron disturbios y represiones policiales en la manifestación de ese día, y se investiga si el sindicato ejerció coacción para que los empleados asistieran bajo amenaza de represalias laborales.
