El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, presentó un proyecto que propone la reforma del Artículo 302 del Código Procesal Penal de la provincia que regula el cese de los efectos del delito de usurpación. Además busca incorporar como facultad de los fiscales de instrucción la restitución preventiva y provisoria del inmueble.
El documento puntualmente plantea que quien podrá peticionar la restitución sería precisamente quien resultó desalojado o despojado, es decir, quien tenía la tenencia, posesión o cuasi posesión que tutela la ley penal. Respecto de la oportunidad procesal, el proyecto plantea que la solicitud y la orden puede ser dada en cualquier estado del proceso, siempre que exista prueba suficiente que haga verosímil el derecho del demandante.
Decara explica que “el déficit habitacional en la Argentina es un problema innegable que actualmente afecta a, aproximadamente, un tercio de la población. Esta es una problemática estructural de gran complejidad, que requiere abordaje urgente e interdisciplinario porque genera un conflicto de intereses entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, ambos derechos humanos básicos consagrados en diferentes instrumentos normativos tanto a nivel nacional como internacional.”
Es por eso que el proyecto también propone la creación de un sistema integrado de gestión para la prevención y atención de usurpaciones u ocupaciones irregulares, para la generación de políticas integrales y la canalización de la demanda legítima de tierras por parte de familias vulnerables.
