Cuadernos K: otro arrepentido y más de 70 operativos

El ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, se acogió al régimen de arrepentidos en "la causa de los cuadernos". Sin embargo, el juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy excarcelar. El exfuncionario declaró que Isidro Bounine, en aquel momento secretario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le pagó 230.000 euros por un "asesoramiento, segunda opinión" sobre las sociedades radicadas en Estados Unidos. Campillo buscó desligarse de todas las acusaciones en su contra.

Bonadio rechazó excarcelar a Campillo porque cree que su libertad puede “entorpecer la investigación”, informaron a Télam fuentes judiciales que remarcaron que los fiscales se habían pronunciado a favor de la liberación del acusado que permanecerá –por ahora- en el penal de Ezeiza. La decisión de Bonadio será apelada ante la Cámara Federal porteña por el abogado de Campillo, el defensor oficial Gustavo Kollmann, que encabeza también las defensas del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, ambos arrepentidos en el expediente.

Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. En su declaración como arrepentido Campillo sostuvo que él fue llamado a opinar sobre los manejos del dinero de Muñoz en el exterior, pero fue convocado por otro ex secretario presidencial, Isidro Bounine, quien se desempeñaba como secretario personal de la senadora nacional Cristina Fernández, desde muchos años antes de que la esposa de Néstor Kirchner llegara a la Presidencia.

Operativos

Además, el juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy la realización de decenas de procedimientos en busca de información administrativa de más de 70 empresas mencionadas en la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales. Los procedimientos ordenados por Bonadio fueron "órdenes de presentación", mediante las cuales efectivos de fuerzas federales de seguridad se presentaron en las empresas investigadas para solicitar la información requerida por el juzgado. El objetivo de los procedimientos fue acceder a información vinculada, por ejemplo, con la composición societaria de las empresas señaladas en el tramo de la causa de los cuadernos vinculado con las concesiones de obra pública.