La ex Presidenta fue convocada para prestar declaración indagatoria este martes a partir de las 10:30, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que investiga el presunto lavado de dinero y por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
Antes de ingresar, posteó en sus redes: “Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita…”
Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de septiembre de 2018
La senadora no contestó preguntas y en lugar de ello dejó un escrito:
“Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 3017/2013, caratulada “BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO…” del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, manteniendo domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752 2º “A” de esta ciudad, a V.S. digo:
1. En el día de la fecha comparezco ante este Juzgado a efectos de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que los medios de comunicación hegemónicos han denominado “La ruta del dinero K”.
Sin embargo, esta citación (la octava que debo cumplir siempre en este edificio de Comodoro Py) reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por decisión del Presidente Mauricio Macri por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional.
Para que se entienda, como lo reconoce expresamente V.S., “nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor” y no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento.
Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.
En suma, una vez más, me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un “proceso ofensivo” en el cual, como señala Beccaría en su reconocida obra De los delitos y de las penas, en lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso.”
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