El escandalo en el que está envuelto el sistema penitenciario cordobés parece estar creciendo cada vez más. Evidentemente, los investigadores han logrado tirar del hilo correcto que poco a poco está haciendo emerger una serie de delitos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo.
Semanas atrás explotó la noticia que conmocionó el ámbito carcelario y de la Justicia provincial. Un alto funcionario del Servicio Penitenciario, Sergio Guzmán, fue detenido junto con un abogado penalista y un particular, quienes quedaron imputados por “asociación ilícita”. El caso está vinculado ingreso de celulares a la cárcel de Bouwer a cargo de una banda liderada por el narcotraficante René Alejandro “Chancho” Sosa, junto con otras serie de irregularidades realizadas por el directivo.
Ahora, los encargados de la investigación retrucaron la apuesta y descubrieron que El actual jefe de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), Julio Heredia, también sería un eslabón más de esta cadena delictiva que se trama entre las poderosas esferas del sistema penitenciario. De acuerdo a lo que informaron, Heredia fue puesto en situación pasiva por supuestos beneficios que le habría otorgado a Guzmán, el subdirector de Bouwer detenido, mientras permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario (EP) 9.
Al parecer, le permitió varias salidas de la celda: fue trasladado a un consultorio interno debido a su problema de hipertensión y hasta, según trascendidos, visitó la oficina de Heredia.
Cabe recordar que la investigación es conducida por el fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Enrique Gavier, quien a principios de septiembre ordenó la detención de Guzmán y también el abogado penalista Alfredo Ciocca y el particular Ramón Salas.
Días después, dispuso la detención por asociación ilícita de tres funcionarios del Establecimiento Penitenciario número 5 de Villa María: el director Andrés Américo Aciar; el subjefe de Operaciones, Edgar Ezequiel Arroyo; y el jefe de Seguridad Néstor Gómez.
