El titular del Tribunal de Cuentas señaló en el programa Secretos del Poder, que se emite los martes a las 21 horas, que el Gobierno puede comprar “todos los drones que quiera, siempre y cuando se hagan con los precios adecuados y de acuerdo a lo que establece la ley”. En ese contexto, alertó: “No vengan con un solo proveedor, con 29 compras en una sola, para que gane un amigo del poder”.
Corvalán insistió en que las compras deben “estar bajo las condiciones que establece la ley, es lo que debe cumplir el Gobernador”, a quien le pidió que no se ponga “nervioso”, sino que “tiene que estar calmo y hacer las cosas de acuerdo a lo que establece la ley”.
El funcionario explicó que en la polémica compra se incluían 29 ítems juntos: adquisición, entre otras cosas, de antenas, drones y camionetas por más de 296 mil dólares cada una, además de un software de lectores de patentes por 500 mil dólares, todo “fuera de los precios de mercado”.
También consideró que se trató de una operación dirigida y apuntó que la empresa proveedora era una UTE, conformada por dos firmas. “Una se dedica a servicios petroleros en el sur, la otra fue creada recientemente y se inscribió en ARCA justo en el proceso licitatorio: no tiene empleados, no presentó declaraciones”, afirmó.
Al sustentar los cuestionamientos del Tribunal, remarcó que una municipalidad de esta provincia “compró los drones a un precio menor” y que “los cursos, que acá valían 3.500 dólares por persona, los pagaron 300 dólares por persona”.
Además, cuestionó que el gobernador los vinculara en su discurso con el narcotráfico y los denunciara “por no avalar una compra que está viciada”.
“Ellos son los sospechados. Tienen antecedentes porque el año pasado quisieron comprar vehículos que valían 19 millones a 37 millones de pesos. Ahora, el sospechado denuncia a quienes los controlan”, expresó.
“El control los pone incómodos. No entendemos el allanamiento con personal armado para buscar expedientes digitales. No es más ni menos que un apriete institucional que nunca se vio en democracia”, manifestó.
En una mirada política, sostuvo que el gobernador “quiere adelantar la campaña, porque no le deben estar dando bien los números, pero esto tiene que ver con el control constitucional”.
Por último, para defenderse de las críticas de que el Tribunal estaría frenando obras, Corvalán citó como ejemplo una obra observada: “Hay una obra camino a San Carlos, en la que desde el Ministerio se dijo que iba a costar 44 mil millones de pesos y la quieren adjudicar a 53 mil millones, más de seis millones de dólares de sobreprecio”.
