Desde enero de 2024, la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se vio gravemente afectada en Córdoba. El Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei, suspendió el envío de insumos necesarios para llevar adelante la práctica, como la mifepristona, misoprostol y Mife Kit. Esto obligó a la provincia a hacerse cargo de la adquisición de estos medicamentos fundamentales, una medida que ha encendido las alarmas en el ámbito sanitario y social.

Fuentes del Ministerio de Salud provincial confirmaron que no solo se ha limitado el envío de medicamentos para la IVE, sino también de anticonceptivos. A pesar de que la Ley 27.610 no especifica qué organismo debe proveer la medicación, hasta ahora era la Nación quien cubría los costos, incluso antes de la legalización del aborto.
Ana Morillo, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, advirtió que la situación afecta gravemente el acceso a la salud sexual y reproductiva, particularmente en zonas rurales donde la provisión es aún más limitada. Según Morillo, la Provincia está comprando los insumos, pero la provisión es ajustada y lejos de ser suficiente para cubrir las demandas de la población.


El impacto de la decisión del Gobierno Nacional no se limita solo a la IVE. Según un análisis de Chequeado, la distribución de anticonceptivos, preservativos y medicamentos para la IVE ha caído de manera alarmante. En 2024, por ejemplo, solo se distribuyó el 33% de los anticonceptivos de larga duración programados para adolescentes, y de los 100.400 tratamientos de IVE previstos, ninguno fue entregado.

Especialistas han señalado que esta reducción en la provisión de insumos pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. La falta de acceso a métodos anticonceptivos aumenta el riesgo de embarazos no deseados, y la escasez de medicamentos para la IVE puede llevar a maternidades forzadas, violando los derechos reproductivos de las mujeres.
Además, el hecho de que las provincias deban asumir el costo de estos insumos afecta gravemente sus presupuestos y limita la planificación de políticas públicas eficaces. Esta situación subraya la creciente falta de apoyo federal para los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.