A pocos meses de cumplirse tres años del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años asesinado en Laboulaye en 2023 por un amigo de 14, el Gobierno de Córdoba presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca garantizar nuevos derechos y estándares de protección para las víctimas de delitos.
La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y la modificación del Código Procesal Penal. El objetivo es mejorar el trato, la participación y la asistencia integral de quienes atraviesan un proceso judicial.
El proyecto establece que las víctimas deberán recibir:
- Trato digno, privacidad y no revictimización.
- Acceso a información clara sobre el proceso penal.
- Patrocinio jurídico especializado y gratuito.
- Participación activa en audiencias relevantes.
- Asistencia médica, psicológica, social y jurídica sin costo.
- Medidas urgentes de protección ante riesgos o intimidaciones.
- Reparación integral del daño sufrido.
Además, incorpora el principio de “debida diligencia”, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que el trámite judicial profundice el daño. También habilita que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
El gobernador Martín Llaryora destacó que la propuesta busca fijar un “piso común de protección” para todas las víctimas en la provincia. “Propusimos que lleve el nombre de Joaquín, en memoria de un adolescente cuya familia transformó el dolor en compromiso para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola frente al sistema”, expresó en redes sociales.
El caso Sperani marcó un antes y un después en la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil. El adolescente de 14 años señalado como autor fue declarado inimputable bajo la legislación vigente, lo que generó reclamos de la familia y de la comunidad por cambios normativos.
