En Córdoba, dos instituciones clave —el Colegio de Abogados y el Consejo de Médicos de la Provincia— avanzan en la creación de un protocolo que apunta a transformar la manera en que se gestionan los trámites vinculados a la discapacidad. La iniciativa surge en un contexto marcado por la burocracia y la creciente judicialización de la salud, donde miles de personas quedan atrapadas en procesos lentos y desgastantes.
La propuesta se basa en un cruce innovador entre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS y el sistema normativo argentino. El objetivo es evaluar a cada persona desde sus capacidades reales y su contexto social, garantizando que la asignación de recursos sea más justa, eficiente y humanizada, evitando tanto la falta de cobertura como las distorsiones que sobrecargan al sistema.
La urgencia de este protocolo se refleja en cifras alarmantes: en Córdoba, cerca de 220.000 personas poseen el Certificado Único de Discapacidad, gran parte de ellas dependientes de pensiones no contributivas y de un sistema público saturado. La abogada Marta Lastra advirtió que “en el sistema público no hay ningún hospital que pueda brindar todos los servicios que necesita una persona con discapacidad, y estas personas tampoco pueden pagar el sector privado. Quedan en un completo abandono”.
El proyecto busca fortalecer la intervención profesional mediante equipos interdisciplinarios que logren respuestas menos litigiosas y más integrales. Como complemento, el Colegio de Abogados impulsa un Posgrado en Discapacidad y Derecho, destinado a formar profesionales con herramientas actualizadas sobre capacidad jurídica y sistemas de apoyo, entendiendo que el derecho a la salud no puede depender exclusivamente de un fallo judicial, sino de un sistema administrativo con criterios claros y unificados.
Fuente: Cba24
