Tras un mes de protestas, la crisis se agrava con la mirada puesta en las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional, presionaron al Gobierno y a los legisladores a archivar las impopulares reformas tributaria y de salud, iniciales detonantes de las manifestaciones.
Pero la decisión de la Administración de Iván Duque no logró contener los reclamos, ahora avivados por denuncias de brutalidad policial que derivaron en impactantes focos violentos, especialmente en Bogotá, la capital, y en Cali, la tercera ciudad del país. Las inconformidades se extienden a otras demandas.
Entre ellas, un ingreso básico, oportunidades para los jóvenes y el fin de la violencia policial, incluidos los llamados para eliminar ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a los manifestantes. Los ciudadanos también expresan su frustración por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la continua violencia en las zonas rurales, donde son asesinados líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC.
La presión de las movilizaciones a lo largo del país deja por el momento dos logros tangibles: el retiro del proyecto a la reforma tributaria, anunciado el pasado 2 de mayo y la cancelación de la reforma a la salud, el pasado 19 de mayo.
