La decisión del gobierno nacional de dar a conocer la fecha del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas reavivó fuertes cuestionamientos. Puntualmente, respecto a la solicitud del número de DNI a cada ciudadano, que está previsto de manera obligatoria en el formulario.
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Desde la Fundación Vía Libre anticiparon, en tal sentido, que continuaron un recurso de amparo. “Queremos que el Censo se haga bien, y hay que responderlo. Pero incorporar el DNI es una mala política, porque hay un cambio radical: se pasa de información estadística de población a una base de datos personales”, sentenció su presidenta, Beatriz Busaniche .
La directiva, contó a Radio Universidad: “La explicación que nos dieron es que querían integrar el Censo con otra base de datos, otros registros administrativos, para optimizarlos. Lo cual es peor, porque no sólo van a tener los datos, sino que también los van a cruzar con otros. A su vez, el paso del papel a la digitalización lo realizará una empresa, antes de que llegue a Indec”.
Consideró que “no hay proporcionalidad” para solicitar el DNI y cuestionó su legalidad: “En la Ley de protección de datos personales tiene una excepción cuando el dato se solicite para fines de recolección estadística y de población. Pero siempre y cuando esta información sea anónima. Ahora, al incorporar el DNI, se pierda la excepción y hay que cumplir esta Ley”.
Desde allí, aclara Busaniche, se abre un abanico de circunstancias “que el Censo no cumple”. Y describe: “A nadie le van a hacer firmar un consentimiento informado, el cual supone que uno entrega el dato voluntariamente… pero el Censo es obligatorio”.
A su juicio, “la obligación legal choca con la voluntariedad de la Ley de protección de datos”. Por eso, adujo, “vamos a apelar a la Justicia”, para que “realice su interpretación en la materia”.
Cuestionó la falta de tino de las autoridades, que no supieron responder a los pedidos pese a largas charlas, y señaló que “estamos haciendo análisis de riesgo que no está haciendo el Indec”, después de varios hackeos y filtraciones de datos personales de organismos oficiales. “No está previsto tampoco cuáles van a ser los usos de estas bases de datos”, apuntó.
Fuente: Cb24n
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