Para el fiscal que investiga el supuesto ‘Vacunatorio VIP’ en Córdoba, Carlos Casas Nóblega, las 148 personas que fueron denunciadas por los senadores Luis Juez y Ernesto Martínez, no cometieron ningún delito y solicitó que se archive la causa.
Sucede que cuando comenzó la campaña de inoculación contra el coronavirus en la provincia, los funcionarios acusaron a casi ciento cincuenta personas de administrarse la vacuna en situación de privilegios, antes que el resto de la población.
Sin embargo, y tras meses de investigación, el fiscal consideró que “el proceso general de vacunación en la jurisdicción de competencia de esta fiscalía, se llevó de manera regular y ajustada a la Resolución Ministerial 2883/20”.
La resolución firmada por Casas Nóblega se describe el Plan de Estratégico de Vacunación administrado por el Ministerio de Salud de la Provincia: “funcionó acabadamente, aún bajo el reparo de que existieran fallas o errores, los cuales considero -luego de la investigación realizada y los elementos de prueba reunidos- que se encuentra fuera de cualquier conducta que contemple el Código Penal. De la investigación surge que esos errores, son inherentes a la inmediatez y velocidad que tuvo que implementarse, en el mayúsculo plan de vacunación, nunca antes visto”.
En su presentación ante el juzgado federal de Córdoba, Juez y Martínez expresaron que “es de conocimiento general que, una serie de funcionarios públicos violentaron la resolución ministerial nacional, cuyo cumplimiento les incumbe, al vacunarse con la primera dosis de Sputnik V, salteándose deliberadamente, el orden conformado por la disposición 2883/2020”, aseguraron.
