El fiscal Guillermo González resolvió imputar a los empresarios Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, directivos de CYRE S.A., involucrados en el caso de habilitaciones fraudulentas en Córdoba. La investigación sostiene que ambos empresarios habrían sobornado a funcionarios de Bomberos y de la Municipalidad, utilizando intermediarios, para evitar los controles de seguridad en sus supermercados Cordiez y Mercamax.
Según los avances de la investigación, Darío Sebastián Brasca utilizó documentos falsificados para gestionar certificados de seguridad ante la Municipalidad, permitiendo que sus establecimientos operaran sin cumplir con las normas edilicias requeridas. Esto ponía en riesgo la seguridad de los clientes y trabajadores. Por su parte, su socia, Natalia Vanina Brasca, fue imputada por cohecho, aunque su implicación no se extiende a la falsificación de documentos.
Causa bomberos: otros imputados en el escándalo
Además, la investigación ha implicado a otras personas claves en este escándalo, entre ellos Roque Javier Olmedo, gestor de CYRE S.A., y Julio Zárate, quien lideraba la asociación ilícita. Ambos enfrentan cargos por el uso de documentos públicos falsificados en varios comercios, no solo de la cadena de supermercados, sino también de otros establecimientos, centros de salud y hasta instalaciones deportivas.
El caso de las habilitaciones truchas ha destapado una red más amplia de delitos en Córdoba. La investigación se ha expandido a otras áreas, como la falsificación de licencias de conducir, habilitaciones de espectáculos públicos y presuntos casos de extorsión por parte de inspectores municipales. Entre los detenidos por estas prácticas se encuentran Mónica Silva, Diego Silva y Luis Ponce, quienes habrían sido parte de esta red de corrupción que afecta a varios sectores de la ciudad.
