La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió este lunes pedirle opinión a la administración de Donald Trump sobre la demanda que un fondo buitre Burford Capital hizo por la expropiación de YPF en 2012, en una causa que podría costarle al Estado argentino hasta 3 mil millones de dólares. Con la decisión del tribunal, la valoración sobre si la jurisdicción de la causa pertenece a la justicia de Estados Unidos o la de Argentina podría solicitársele al procurador general, al Departamento de Estado o incluso a Trump.
Aunque la cuestión de fondo ya tuvo dos fallos favorables en tribunales inferiores estadounidenses, algunos analistas destacan que la decisión de la Corte norteamericana fue un gesto de buena voluntad debido a la relación que Mauricio Macri tiene que Trump. Luego de recibir la opinión de la Casa Blanca, la Corte debe pronunciarse sobre la jurisdicción. Aunque no hay un plazo establecido para hacerlo, se calcula que será en dos o tres meses.
Cabe destacar que el fondo buitre y estudio jurídico Burford Capital nunca fue accionista de YPF, sino que compró los derechos para hacer juicio de algunas empresas que fueron en su momento accionistas minoritarios que no fueron resarcidas por la restatización. El argumento que esgrimen es que se les debe pagar al igual que se hizo con Repsol pues según el fondo de inversión se violaron leyes de derecho comercial estadounidense. Para Argentina, en cambio, la expropiación fue una decisión soberana que debe tramitarse en nuestro país o ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), organismo del Banco Mundial.
