Los fiscales que investigan al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, identificaron múltiples negocios sospechados de corrupción que habrían generado el dinero negro utilizado en la compra de propiedades y otros bienes de lujo. Entre ellos, destacan los vínculos con proveedores del municipio de Lomas de Zamora y el testaferro de José López, Andrés Galera, conocido por su implicación en el escándalo de los bolsos con dólares.
El fiscal Sergio Mola y su colega Diego Velasco sospechan que Insaurralde habría blanqueado el dinero a través de la compra de bienes mediante testaferros, viajes pagados en efectivo y el uso de vehículos adquiridos por terceros.
Nexos con empresas y propiedades de lujo
El dictamen fiscal de 40 páginas expone los vínculos de Insaurralde con empresas proveedoras del municipio de Lomas de Zamora, que estarían relacionadas con la adquisición de un departamento de lujo en el edificio Aleph Residence de Puerto Madero, donde residió junto a Jésica Cirio. La propiedad figura a nombre de la empresa Revilier S.A., controlada por Andrés Enrique Galera, testaferro de José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación.
Además, los fiscales mencionan las relaciones entre Insaurralde y la empresa DOIO SRL, que fue contratista tanto del municipio de Lomas de Zamora como del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. DOIO fue responsable de la construcción de la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, mientras realizaba obras públicas bajo su gestión como intendente.
Obras públicas y adjudicaciones irregulares
La investigación también revela que la empresa VIANI S.A., controlada por Galera, participaba en licitaciones públicas en el municipio de Lomas de Zamora, en ocasiones compitiendo con DOIO SRL. Ambas empresas habrían repartido las adjudicaciones de obras públicas, incluyendo la pavimentación de la Ruta 16, lo que derivó en investigaciones por irregularidades en el proceso de licitación.
Los fiscales destacan que el incremento patrimonial de Insaurralde no se corresponde con sus ingresos como funcionario público, lo que refuerza las sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculado al ejercicio de sus cargos en el municipio y en la Provincia de Buenos Aires.
