Recientemente, la fiscal Silvana Páez de la ciudad de Carlos Paz ha imputado a tres funcionarios de la comuna de Cabalango por homicidio culposo, en relación con la trágica muerte de una niña succionada por un caño que se encontraba debajo del río. Los imputados incluyen a la jefa comunal Carla Bruno, el tesorero Mario Griglio y el responsable máximo de Defensa Civil, Mario Cuevas. El letrado Carlos Nayi, representante de la familia de la víctima y de otra familia que vivió una situación similar sin víctimas fatales, ofreció declaraciones sobre el caso.
Nayi destacó la importancia de las imputaciones, afirmando: “La justicia ha determinado que nada tiene que ver con lo que quiso instalar la comuna en un primer momento, diciendo que los padres mienten. Esta tragedia es una bofetada tras otra a estos padres humildes“. El abogado enfatizó que las afirmaciones iniciales de la comuna eran infundadas y que la responsabilidad recaía claramente en los funcionarios implicados.
El letrado subrayó además la falta de medidas de seguridad en el balneario, a pesar del cobro de tarifas a los visitantes. “Lo que sí funcionó a la perfección fue que a la entrada del balneario, con un libro, cobraban 3 mil pesos para hacer uso de los asadores y el estacionamiento. ¿Había asadores? No. ¿Había guardavidas? No. ¿Había personal de defensa civil? No. ¿Había ambulancias? Tampoco”, sentenció Nayi.
Además, explicó que las pericias demostraron que la conducta de los padres de la niña fallecida fue apropiada y que la tragedia se debió a la existencia de “dos trampas mortales en el río” sin ninguna señalización de peligro. La niña fue succionada en cuestión de segundos, sin posibilidad de rescate.
Además, el abogado mencionó un incidente similar ocurrido apenas dos días después, el 17 de enero, cuando otra niña de 7 años también fue succionada por un caño cercano al que provocó la muerte de la primera niña. En este caso, la niña se salvó por casualidad.
Nayi también señaló refirió a la responsabilidad de la empresa hidráulica que instaló los caños en el río, pero subrayó que la fiscal concluyó que el mantenimiento, control y supervisión de las instalaciones eran responsabilidad de la comuna.
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