Un informe del bloque de concejales de la UCR encendió las alarmas: más de 30 basurales ilegales fueron detectados en la ciudad de Córdoba en apenas 15 días. Se trata de acumulaciones de escombros, neumáticos, restos de poda, electrodomésticos y hasta animales muertos, ubicados en baldíos, márgenes de rutas y cercanías de viviendas.
Los barrios más afectados
El relevamiento incluyó zonas como Villa Libertador, Marqués de Sobremonte, Bajo Yapeyú, San Roque, La Floresta y El Chingolo IV. La concejala Elisa Caffaratti fue contundente: “Córdoba está plagada de basurales. Es horrible que los vecinos tengan que vivir entre la basura”.
Muchos de estos focos están activos desde hace más de tres años y están a menos de 50 metros de viviendas, generando serios riesgos para la salud pública y el ambiente.
Millonario presupuesto, escasos resultados
Según el informe, el municipio destina más de $268.000 millones en programas ambientales, lo que representa el 20% del presupuesto 2025. Sin embargo, desde la oposición aseguran que esa inversión no se traduce en acciones concretas.
El principal problema, según denuncian, es la falta de coordinación entre organismos como la Secretaría de Ambiente, el COyS, BioCórdoba y otras dependencias. “La política ambiental en Córdoba está dominada por el relato y la propaganda, sin resultados visibles”, remarcan.
Escombreras sin control y normativas sin cumplir
El relevamiento también apunta contra las escombreras municipales, que presentan serias irregularidades. En la Escombrera Este no había personal ni controles, pese al ingreso constante de camiones. En San Lucas, aunque había empleados, se detectó mezcla indiscriminada de residuos.
Además, el registro de empresas habilitadas para la recolección de escombros no se actualiza desde 2022, lo que viola la normativa vigente.
Pedido de informes y advertencia
Desde el bloque radical presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante y alertaron que muchas empresas operan con total impunidad, favoreciendo la expansión de esta “bomba ambiental”.
El informe también recuerda que existen ordenanzas como la N.º 10.102 y la N.º 12.648, que regulan la gestión de residuos, promueven el reciclado y obligan a la creación de un registro fiscalizado. Hoy, ninguna se cumple efectivamente.
