La inflación de febrero alcanzó el 4,7%, aumentó un nuevo escalón y marcó el mayor incremento para ese mes desde la hiperinflación de finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas presentó la mayor alza con 7,5% frente a enero, lo que implica un golpe extra sobre la población más vulnerable.
Los datos de las canastas básicas -tanto en su variante alimentaria como total, referencias para la estimación de indigencia y pobreza- marcaron subas de 9% y 6,6% en febrero, respectivamente. Es cada vez más desafiante la lucha contra la pobreza, que en los últimos dos años aparenta haber encontrado un nuevo piso al alcanzar un 40% de la población.
Lo más preocupante es que esta medición no es una excepción, ya que al considerar los indicadores de alta frecuencia sobre el avance de los precios durante este mes de marzo se percibe que oscilan alrededor del 5% mensual, mientras las expectativas de inflación trepan hacia un 60% anual, lo que la deja como la cifra más elevada de los últimos 30 años.
Los resultados muestran el rotundo fracaso de la estrategia de atraso cambiario, congelamiento de tarifas y controles de precios aplicada en los últimos dos años para frenar el avance de los precios. Así y todo el gobierno nacional decidió redoblar la apuesta con el desafortunado anuncio del inicio de una “guerra” contra la inflación, que no solo resulta tardía, sino que será combatida con las mismas armas que ya han comprobado a lo largo de nuestra historia lo poco acertadas e ineficientes que resultan para enfrentar tanto los síntomas como la enfermedad que subyace de fondo en la macroeconomía argentina.
Antes de insistir en tomar las mismas medidas, el gobierno debería rever aquellas tomadas de forma previa que no solo resultaron fútiles a la hora de reducir la inflación, sino que son perjudiciales e incrementan las distorsiones vigentes.
Un ejemplo es lo ocurrido con la prohibición de la exportación de carne vacuna. En mayo pasado, con el supuesto objetivo de enfrentar la aceleración inflacionaria y “desacoplar” los precios locales de los internacionales, el gobierno anunció un cierre de las exportaciones de carne, medida que luego derivó en cupos y la prohibición de comercializar afuera siete cortes[1]. Esa decisión fue revalidada a inicios de este año y hasta finales de 2023, con un marginal cambio en la composición de los cortes prohibidos.[2]
Contrario a lo buscado, la evolución de los precios de la carne no solo superó a la inflación durante los 10 meses transcurridos desde el inicio de la medida, sino que además esos cortes presentaron un incremento superior a los no alcanzados por la restricción, como muestra el siguiente gráfico.
La evidencia acumulada a lo largo de nuestra historia económica y en los últimos tiempos es suficiente como para comprender que, en lugar de obstaculizar la actividad privada y perjudicar a la sociedad en su conjunto, el gobierno debería ocuparse en solucionar el problema inflacionario de raíz, que se deriva del voluminoso déficit fiscal y la emisión monetaria para su financiamiento.
Hasta que esto no sea enfrentado de forma íntegra, coherente y responsable, el gobierno continuará perdiendo la “guerra” contra la inflación y se alejará cada vez más de la senda de la estabilidad y el crecimiento sustentable en el largo plazo.
Fuente: Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC)
