La causa Vialidad volvió a sumar un nuevo capítulo judicial que impacta de lleno sobre el patrimonio de la familia Kirchner y de Lázaro Báez. Mientras la Corte Suprema debe resolver si confirma el primer decomiso ya ordenado por la Cámara de Casación, el Tribunal Oral Federal 2 avanza sobre una segunda tanda de bienes que podrían ser ejecutados para cubrir parte de los 685.000 millones de pesos establecidos como perjuicio al Estado.
Entre los inmuebles incluidos aparece el departamento de la calle San José 1111, donde actualmente reside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo arresto domiciliario. La propiedad pertenece a la firma Los Sauces, una de las sociedades investigadas en causas vinculadas al presunto lavado de dinero. También figuran hoteles emblemáticos de la familia Kirchner, como el Alto Calafate y La Aldea de El Chaltén.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado semanas atrás el decomiso de 111 inmuebles vinculados a las condenas firmes de la causa Vialidad. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña entendieron que correspondía avanzar sobre esos bienes como forma de recuperación de activos derivados de corrupción. “Lo relevante es la equivalencia patrimonial como provecho del delito y la relación económica con éste”, sostuvieron en el fallo.
La defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner presentó recursos extraordinarios para intentar frenar la ejecución patrimonial. Los abogados cuestionaron el criterio de “decomiso amplio” aplicado por la Justicia y sostuvieron que esa interpretación no se encuentra contemplada expresamente en la normativa vigente. Sin embargo, el expediente podría terminar igualmente en manos de la Corte Suprema si la Casación rechaza el planteo.
En paralelo, el fiscal Diego Luciani solicitó avanzar con un nuevo decomiso que incluye 141 inmuebles y 46 automotores. De ese total, 13 propiedades corresponden a sociedades de la familia Kirchner y otras 128 a empresas vinculadas a Báez. También fueron incorporados 4,6 millones de dólares hallados en cajas de seguridad y cuentas bancarias relacionadas con Florencia Kirchner.
“Muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable”, argumentó Luciani al justificar el pedido ante el TOF 2. Según explicó la fiscalía, el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de maniobras de corrupción vinculadas a las 51 licitaciones viales adjudicadas durante los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz.
Dentro del listado de bienes más relevantes aparece el hotel Alto Calafate, administrado durante años por empresas de Báez y señalado en pericias judiciales como una estructura utilizada para presunto blanqueo de dinero. También figura el hotel La Aldea de El Chaltén, actualmente abandonado y usurpado parcialmente, además de diversas propiedades en Río Gallegos, incluyendo el chalet sobre la costanera donde residía la exmandataria durante sus visitas a Santa Cruz.
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