En su quinta sesión ordinaria del 147° período legislativo, este miércoles la Legislatura de Córdoba convirtió en ley un proyecto que modifica diversos artículos y textos de la ley 9.459, Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la provincia. La iniciativa fue una propuesta de autoridades, colaboradores y letrados del Colegio de Abogados de Córdoba, y contó con un amplio respaldo de los distintos bloques políticos de la Unicameral.
La nueva ley plantea una reforma arancelaria y una regulación de los honorarios profesionales de abogados, procuradores y peritos judiciales de la provincia de Córdoba. Apunta a mejorar y actualizar las condiciones que rigen el ejercicio profesional de la abogacía.
La sesión fue encabezada por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y arrancó pasadas las 17. Durante algunos tramos del pleno también el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, se hizo cargo de la conducción.
El proyecto aprobado, 41315, pertenece a los legisladores Facundo Torres Lima, Alfredo Nigro, Victoria Busso, Bernardo Knipscheer, Gustavo Tévez, Alejandra Ferrero, Brenda Austin, Mariano Lorenzo, Miguel Nicolás, Oscar Saliba, Julieta Rinaldi, Abraham Galo, Ricardo Sosa, Leonardo Limia, Ileana Quaglino, Dante Rossi, Daniela Gudiño, Viviana Martoccia, Walter Nostrala y a los bloques PRO, Córdoba y Mejor Futuro.
La iniciativa obtuvo el apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba y otras instituciones que también efectuaron aportes. Había tomado estado parlamentario en diciembre pasado y fue debatida en reuniones de varias comisiones legislativas, con la presencia de autoridades del Colegio de Abogados, profesionales del derecho y académicos.
De esta forma, los abogados buscan recuperar sus honorarios y aranceles de la justicia, que habían disminuido desde 2010 hasta la actualidad en una proporción que les generaba preocupación.
Una vez consumada la aprobación de la ley, las autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba y distintos letrados presentes en el recinto celebraron el logro.
La legisladora Victoria Busso explicó que el proyecto fue fruto de “una construcción colectiva” y dijo que la modificación normativa era “necesaria”. Comentó al respecto: “La reforma se justifica a partir de datos sobre el proceso inflacionario nacional que se verifica desde 2002 a la fecha y de la pérdida del poder adquisitivo que afectó a los profesionales del derecho”.
También expresó que la iniciativa implicó “un importante proceso de deliberación entre los matriculados del Colegio de Abogados de Córdoba”, además de “aportes enriquecedores de legisladores y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba”, entre otros.
Objetivos y ejes primordiales
La ley sancionada tiene tres objetivos: garantizar una retribución justa, digna y proporcional al trabajo jurídico de los letrados de la provincia de Córdoba; dotar al sistema de mayor previsibilidad y eficiencia; y reforzar el carácter alimentario de los honorarios profesionales.
En este último aspecto, supone que la retribución profesional no se reduzca por debajo de los mínimos legales ni se dilate en el tiempo sin afectar el sustento y la estabilidad de los abogados.
