La defensora pública de la Justicia Federal de Córdoba, Mercedes Crespi, presentó un amparo colectivo contra la suspensión masiva de pensiones por discapacidad otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida judicial surge tras un incremento repentino de consultas de beneficiarios que vieron interrumpido el pago de sus prestaciones. “Empezamos a recibir consultas y a relevar un aumento muy importante de casos, casi de un día para el otro”, explicó la funcionaria, al advertir que en los procesos de auditoría detectaron “bastantes irregularidades”.
Crespi aclaró que no se cuestiona la facultad del Estado de auditar, sino la manera en que se están llevando adelante los controles. En sus palabras, “no se están haciendo los ajustes razonables al tipo de población que se está relevando”, lo que vulnera derechos básicos de los beneficiarios. También remarcó que se invirtió la presunción de validez de las pensiones: “Se ha partido como de la base de que están todas mal otorgadas, cuando en realidad es al revés. Si el propio Estado las otorgó, hay que presumir su validez”.
La defensora apuntó a las dificultades que enfrentan muchas personas con discapacidad para cumplir los requisitos exigidos, especialmente en zonas alejadas de la provincia. Según señaló, hay quienes no pueden trasladarse a centros de salud por falta de recursos económicos o porque las instituciones locales no cuentan con la capacidad para elaborar los informes solicitados. A esto se suma la falta de notificaciones claras: “Hay gente que nunca recibió la citación para ir a un turno específico, hay gente que sí recibió la notificación de la baja y otros que no recibieron nada y se la suspendieron igual”.
Crespi también subrayó las consecuencias colaterales que estas suspensiones generan, como la pérdida de la Asignación Universal por Hijo en algunos casos, lo que agrava la situación de las familias afectadas. Ante este escenario, reclamó que se restablezcan las pensiones en Córdoba y que luego se realicen auditorías “conformes a la ley” y respetando el derecho de defensa. El amparo fue presentado ante el juez Alejandro Sánchez Freytes y aguarda resolución. “Será responsabilidad del auditor separar la paja del trigo y que quienes no deban recibir dejen de hacerlo, pero mientras tanto no se castigue a quienes dependen de estos subsidios casi de supervivencia”, concluyó.
