A través del decreto 873/24, firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno busca desprenderse de la aerolínea de bandera, invocando el artículo 9° de la Ley N° 23.696, que data de la reforma del Estado durante la presidencia de Menem. Esta decisión marca un cambio significativo, ya que Aerolíneas fue excluida de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases.
En el decreto, el Gobierno argumenta que el Tesoro Nacional no puede seguir manteniendo una empresa que presenta altos déficits, lo que implica una carga económica considerable para los ciudadanos. Además, se sostiene que la privatización permitiría una mejora en la prestación de servicios y aliviaría la presión sobre las arcas públicas.
El Ejecutivo también destaca la necesidad de adecuar la gestión de Aerolíneas a los estándares internacionales, mencionando ejemplos de empresas como Air Canadá y Qantas, que operan sin una participación estatal significativa.
Por último, el proceso de privatización se enmarca dentro de los mecanismos previstos por la Ley N° 23.696, que contempla la venta de activos o acciones de la empresa. La administración nacional espera que, al operar bajo criterios de eficiencia comercial, Aerolíneas Argentinas reduzca la carga financiera sobre el Estado y fomente la competencia en el sector aéreo.
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