La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expuso su preocupación por un nuevo decreto del Gobierno nacional que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275).
La asociación sostiene que el decreto 780/2024 introduce excepciones amplias y poco claras que podrían permitir a los funcionarios negar el acceso a la información pública alegando “daños, perjuicios”, o un supuesto “interés público”.
En ese sentido, Adepa expresó su preocupación sobre estas nuevas restricciones ya que se podría violar tanto los principios establecidos por la ley como los estándares constitucionales e internacionales relacionados con el acceso a la información pública.
A su vez, recordaron al Poder Ejecutivo que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene principios clave como la “presunción de publicidad”, la “máxima divulgación” y el “alcance limitado de las excepciones”. Además, mencionaron que, en caso de duda, “se debe favorecer al solicitante de la información”.
El nuevo decreto excluye de esta categoría a ciertos datos privados y a información que no esté claramente vinculada al interés público o a la gestión de los funcionarios obligados por la ley. Uno de los cambios más preocupantes del decreto, según Adepa, es la redefinición de lo que se considera información pública.
Se enfatiza que, por más que los funcionarios tienen derecho a la privacidad, en una democracia es crucial que la ciudadanía pueda conocer las actividades de sus líderes, salvo en casos muy excepcionales. Incluso, tener demasiados secretos pueden socavar la responsabilidad pública y las bases democráticas del país.
Finalmente, Adepa instó al Gobierno a revisar estas modificaciones para asegurar que respeten lo que establece la ley, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
“Adepa considera necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos.”
