El fiscal federal Diego Luciani se manifestó hoy en contra de autorizar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Cuba para visitar a su hija. En el dictamen que presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Luciani sostuvo que la fecha del viaje planteado por la senadora nacional es muy cercana a la prevista para el inicio del juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.
La expresidenta solicitó autorización para viajar a Cuba, donde su hija se encuentra realizando un tratamiento médico, entre el 20 y el 30 de abril y el inicio del juicio de la causa conocida como “Vialidad” está previsto para el 21 de mayo.
Para Luciani, autorizar el viaje podría poner en peligro el inicio del juicio oral y público y agregó que no era posible descartar de antemano que, una vez en Cuba, la ex presidenta solicitara prorrogar su estadía. La decisión sobre la autorización o no solicitada por la ex mandataria quedó ahora en manos del TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
CFK también pidió autorización ante los tribunales encargados de juzgarla en las causas conocidas como “Los Sauces” (TOF 5) y “Hotesur” (TOF 8). El fiscal que interviene en el caso Los Sauces, Diego Velasco, dictaminó en favor de autorizar el viaje; mientras que su colega del caso Hotesur, Marcelo Colombo, aún no se manifestó al respecto, informaron a Télam fuentes con acceso a esos casos. La ex presidenta informó, además, sobre el viaje que pretende realizar, ante el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, quien la procesó como jefa de una asociación ilícita en la denominada Causa de los Cuadernos.
La exmandataria ya viajó a Cuba entre el 14 y el 22 de marzo, oportunidad en la que informó que su hija se encontraba en la isla realizando un tratamiento médico por un cuadro de estrés postraumático y un linfedema ligero en sus piernas Florencia Kirchner está procesada en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces en las que se investiga supuestas maniobras de lavado de dinero a través negocios inmobiliarios y hoteleros, y en ambos casos deberá someterse a juicio oral y público.
