La Rioja: piden a la Corte Suprema que declaren inválida consulta popular

Los diputados Héctor Enrique Olivares (UCR) y Marcelo Germán Wechsler (PRO) pidieron hoy a la Corte Suprema de la Nación que declare inválida la consulta popular que avaló la enmienda a la Constitución provincial que permite al gobernador peronista Sergio Casas competir por su reelección. El escrito cuenta con el patrocinio de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Mariano Genovesi. Los legisladores presentaron una acción de amparo y reclamaron a la Corte que actué como “guardián” y “garante” del sistema representativo y republicano que establece la Constitución Nacional, ante lo que consideran una “fraudulenta maniobra” de Casas para habilitar su reelección.

En ese sentido, Genovesi dijo que “es el fraude más gigantesco del que se tenga memoria en la historia reciente”, ya que “los tres poderes constituidos de la provincia se confabularon para llevar adelante un plan destinado a burlar la soberanía del pueblo de La Rioja y modificar a su antojo la Constitución, para adecuarla a las necesidades de un sector político”. “La inmensa mayoría no concurrió a las urnas” y “solo una minoría del 25,58% del padrón ratificó la enmienda constitucional”, precisó la acción de amparo presentada por los legisladores de Cambiemos, en referencia al 55,3% de abstención con que contó la consulta popular.

“Estamos requiriendo que la Corte dicte un fallo final en la causa consistente en declaración de invalidez de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución de La Rioja y así repare el daño causado al sistema republicano”, destacaron Olivares y Wechsler. Los diputados recurrieron al máximo tribunal del país porque “el Superior Tribunal (de la provincia) ya convalidó el fraude de modo definitivo, por lo que no puede obligarse a seguir un tortuoso y complejo proceso que insumiría un tiempo prolongado de modo inútil”. Además justificaron su planteo ante la Corte porque “el daño puede ser irreparable”, pues “el cronograma electoral ya está en curso” y si el máximo tribunal del país no interviene, tendría lugar un proceso electoral “con reglas de juego fijadas inconstitucionalmente” con “un candidato que no se encuentra habilitado para postularse”.

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