El presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y el secretario de esa área Javier Iguacel fueron imputados este lunes por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. La firma Central Puerto, propiedad del amigo del mandatario, Nicolás Caputo, fue la única empresa que preclasificó en las licitaciones para la usina Brigadier López. Por Ensenada Barragán preclasificaron Central Puerto e YPF.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2018 por los diputados nacionales de Unidad Ciudadana Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Las privatizaciones fueron habilitadas mediante el decreto 882/2017 del 1° de noviembre de 2017, que fue firmado por el Presidente. La central Barragán fue tasada por el Estado en US$305,9 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US$229 millones. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de US$207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de US$155 millones. Se trata de casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
Por otro lado, ocurrieron varias irregularidades en el proceso: Iecsa, la empresa del primo del Presidente Ángelo Calcaterra que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales, dejó obras sin terminar pero fue indemnizada con $1.600 millones por el Estado. Asimismo, otros de los imputados en la causa, el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de esa empresa, Adolfo Marcelo Piccinini trabajaron para Calcaterra y el Grupo Macri durante más de una década. Hacia fines de 2017, desembarcaron en Enarsa junto a Aranguren y Balboa, por lo que estuvieron en “ambos lados del mostrador” en la negociación que le reportó una indemnización de $1.600 millones al primo del mandatario.
Además de los mencionados, también son investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri. La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita.
