La demanda fue presentada por la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres, contra Los Capuchinos y El Cónclave.
Desde la Asociación, acusan a las funerarias de retirar el cuerpo del ataúd antes de ser cremado y luego entregar las cenizas a la familia. De esta manera, el féretro es supuestamente reutilizado y revendido.
Tras la denuncia, el fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón ordenó realizar 12 allanamientos en la ciudad de Córdoba y el interior provincial.
