La Cámara Federal porteña revocó este lunes el procesamiento y dispuso la falta de mérito del CEO de Techint, Paolo Rocca, en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, al tiempo que reprendió al juez federal de primera instancia, Claudio Bonadio, por hacer “caso omiso a exhortaciones” de ese tribunal. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I del tribunal de apelaciones, le pidieron también a Bonadio “la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos y a resolver las cuestiones pendientes”. En la misma resolución, los camaristas confirmaron las prisiones preventivas del ex ministro de Planificación Julio de Vido y de su segundo, Roberto Baratta, y ordenó liberar al secretario del ex viceministro, Nelson Lazarte.
Otra de las decisiones adoptadas por el tribunal fue el cambio de calificación del delito atribuido al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina en la causa de los cuadernos: lo sacó de la asociación ilícita y le atribuyó cohecho pasivo (recepción de sobornos), que tiene una pena menor. En paralelo, confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz y de Isidro Bounine, ex secretario de la expresidenta Cristina Fernández, pero le revocó la prisión preventiva.
En cuanto a la resolución sobre Rocca, los jueces Bruglia y Bertuzzi le dictaron la “falta de mérito” (ausencia de pruebas para sobreseer o mantener el procesamiento, aunque continúa la investigación), y contradijeron la afirmación de Bonadio, que cuando procesó al empresario dijo que por “el cargo que ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el grupo económico al cual pertenecía” a funcionarios argentinos. “La responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece del sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso”, sostuvieron por su parte los camaristas.
Según reconocieron sus directivos a la justicia, los pagos realizados por Techint a ex funcionarios del gobierno kirchnerista habrían estado relacionados con una gestión encargada al gobierno de entonces vinculada con la estatización de la empresa Sidor, del Grupo Techint, en Venezuela. Los ejecutivos admitieron que hubo pagos anómalos para que funcionarios locales intercedieran para que el gobierno venezolano pagara al conglomerado empresarial un resarcimiento de cerca de 2.000 millones de dólares por la expropiación de aquella compañía del grupo.
Hacia el final del fallo, los camaristas llamaron la atención a Bonadio: “Advertimos también que el a quo ha hecho caso omiso a exhortaciones de este tribunal en cuanto a atender determinadas situaciones procesales”. En ese sentido, le recordaron algunas cuestiones pendientes, como “el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Máximo Kirchner” -diputado nacional e hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández- y el llamado a “profundizar las líneas de investigación relacionadas con diversas firmas, cuyos representantes aún no han sido convocados, tales como Perales Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o el grupo Eskenazi”.
