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Causa CBI: el fiscal pidió 11 años de prisión para Rodrigo

Para los socios de la financiera, Gonella solicitó penas de diez a cuatros años, además de abultadas multas. La sentencia se conocerá el 27 de junio.

El fiscal Carlos Gonella pidió una pena de 11 años de prisión y una multa de 1.021 millones de pesos para Eduardo Rodrigo, el expresidente de la financiera Cordubensis (CBI). Asimismo, el funcionario pidió siete años de prisión y 681 millones de pesos de multa a cada uno de los socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada y Oscar Américo. Para Daniel Arnoldo Tissera, solicitó cuatro años de prisión y multa por 340 millones de pesos. Finalmente, el «arrepentido» Miguel Ricardo Vera, sufrió un pedido de 10 años de prisión y 1.400 millones de pesos de multa.
A Diego Ariel Sarrafian el fiscal le pidió seis años y medio de prisión, y 82 millones. Por su parte, para el empresario de Centro Motor Darío Onofre Remonda pidió tres años de prisión en suspenso y 102 millones de pesos.

La sentencia se conocerá el 27 de junio.

En el juicio, se acusa a 16 personas de conformar una asociación ilícita que llevó adelante -de forma sistemática y habitual- millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, lavado de activos y defraudación por retención indebida. En total, son los 78 hechos imputados. La operatoria habría permitido que entre 2009 y 2013 circularan a través de CBI cheques por más de mil millones de pesos, los cuales fueron monetizados a través de distintas cuentas, todas ellas con una particularidad en común: por distintas razones se encontraban exentas del impuesto a los créditos y débitos. Las conexiones de los principales directivos de la firma con distintos referentes del ambiente industrial, comercial y político, municipal y provincial permitieron convertir a CBI “en una de las mesas de dinero más grandes de la provincia de Córdoba”.

De acuerdo a la investigación -en la que colaboró la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)- la firma CBI Cordubensis funcionó desde fecha incierta hasta el 14 de febrero de 2014, sin contar con la debida autorización y regulación de la autoridad monetaria.

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